jueves, 5 de abril de 2018

XV JORNADAS DERECHOS HUMANOS E INMIGRACIÓN


Los días 4, 5 y 6 de abril se están celebrando en Motril, un año más y ya van 15, las “Jornadas Derechos Humanos e Inmigración” que organizan la Asociación Derechos Humanos e Inmigración de Motril, Juezas y Jueces para la Democracia y la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, con la colaboración de otras instituciones. Pero estas Jornadas no serían posibles sin el impulso e implicación personal del magistrado Luís Carlos Nieto.

Estas Jornadas tratan de impulsar el respeto de los derechos humanos en el fenómeno de las migraciones desde distintas aproximaciones, como la jurídica,  política, policial, económica y, lo que es una seña de identidad de estas jornadas, desde la cultura y las artes, como la literatura y la música. Este año se ha dado especial relevancia al caso de Helena Maleno, que ha sido enjuiciada en Marruecos  por informaciones enviadas a las autoridades marroquíes por la policía española después  de que la Audiencia Nacional no viese nada penalmente reprochable en el compromiso de esta activista con los derechos humanos, consistente en avisar a las embarcaciones de Salvamento Marítimo que operan en el estrecho cuando hay personas en alto riesgo de muerte en pateras a la deriva. No se entiende cómo la acción de salvar vidas puede ser considerada delito de tráfico de seres humanos. Estaba prevista la intervención de Helena Maleno, pero no ha sido posible porque le han avisado que podría tener consecuencias negativas para su situación procesal en Marruecos.

Las Jornadas cuentan con la participación de Raúl Grijalva, Congresista Demócrata de los EEUU, que ha tratado sobre Derechos y migraciones en la actualidad en los EEUU; de Michèle Petit que interviene sobre El arte y la literatura como componentes claves para habitar el mundo; de Inmaculada Montalbán con una ponencia sobre la migración con rostro de mujer; de Claire Trichot que habla de la experiencia con las madres de Tánger; de Enrique Lillo que trata de los derechos laborales de los trabajadores migrantes; de José Antonio Navarro, que habla de otras formas de esclavitud; de Maite Larrauri que plantea una intervención sobre Gramsci para conocer las sociedades complejas de hoy y Santiago Álvarez Cantalapiedra que hace una aportación sobre crisis ecológica, justicia socioambiental y tentación securitaria.  Las Jornadas también cuentan con la aportación en una mesa redonda a cargo de la magistrada Begoña López Anguita, la abogada Almudena Bernabeu y el magistrado Luís Carlos Nieto, en la que  tratará sobre los derechos de los menores.

En estas Jornadas se dará un premio por la defensa de los derechos humanos a las instituciones o personas que se hayan destacado en esta materia. El día 5 se entregará una escultura del artista José Antonio Elvira en reconocimiento de la hospitalidad que está haciendo desde muchos años la parroquia de San Carlos Borromeo de Madrid, mereciendo por ello el premio en defensa de los derechos humanos de este año.


lunes, 2 de abril de 2018

LAS TOSES EN LOS CONCIERTOS




Las cantantes y los cantantes líricos dedican años de aprendizaje para colocar su voz de tal manera que suene, como flotando, limpia. Pero esa voz “se ensucia” cuando en la sala de conciertos o en un teatro de ópera el público tose y hace otros ruidos.  Lo mismo puede decirse de otros músicos que se esfuerzan por sacar de sus instrumentos la nota exacta y pura y  es “emborronada”, de nuevo, por las toses. La plaga de las toses se extiende de modo pertinaz de forma molesta e irritante por el Teatro Real de Madrid y, en menor medida, por el Auditorio Nacional, como atestigua mi propia experiencia y, según me dicen otras personas amigas, sucede algo parecido en otras salas y teatros de diversos lugares de España. Los tosedores se conoce que no prestan mucha atención a lo que ven en la orquesta, pues si lo hicieran caerían en la cuenta de que hay un adminiculo, llamado sordina, que en ocasiones se utiliza en algunos instrumentos de viento para reducir la intensidad del sonido emitido. Ese mismo efecto lo podría hacer un elegante fulard, o una bufanda, o un modesto pañuelo y, si todo eso faltara, también podría servir el brazo colocado sobre la boca tosedora. No se evitaría del todo el ruido que ensucia, pero al menos se amortiguaría en los casos de fuerza mayor y súbito ataque tusígeno. 

Ese público tosedor que asiste a los conciertos y sesiones de ópera es probable que se considere a sí mismo por encima de aquello que, cuando están en los ambientes supuestamente exquisitos y ya exaltados de ardor patriótico y azuzados por espirituosos, denominan el “populacho”, más, cuánto tendrían que aprender de algunas gentes de ese “populacho”, gentes que conforman la multitud llamada “honrado pueblo”, que también existe, aunque esté en peligro de extinción.

Todo esto viene a cuento porque en una taberna del norte de Extremadura tuve una experiencia aleccionadora para lo que aquí se está tratando. Encontréme en aquel bendito lugar con un estimado paisano, que ya frisa los ochenta años, hoy jubilado de la construcción, antiguo emigrante en Alemania en los años setenta del siglo pasado, al que en su infancia el franquismo le mandó a la dura escuela del trabajo apenas aprendió a leer y escribir y supo las cuatro reglas y, como otras tantas personas, más tarde fue estafado con las preferentes. Como él mismo reconoce, tiene tendencia a darle al morapio por encima de los límites aconsejados por los galenos. Pues bien, como otras veces, en nuestro último encuentro los vapores del vino no impidieron una conversación amena y aleccionadora interrumpida, de cuando en cuando, por un giro que hacía mi amigo hacia la pared vecina para toser suavemente sobre su brazo. ¡Cuánta elegancia!,  pensé, que echo de menos en foros musicales de tronío. A lo mejor esa elegancia no es más que respeto hacia los demás que tiene que ver con que mi amigo desde hace años se hizo comunista y no reniega de ello. Un respeto que parece va en retroceso en esta sociedad en la que la cultura de un individualismo egoísta se difunde desde tantos medios.

martes, 20 de marzo de 2018

LAS FALACIAS DE M. RAJOY Y CIUDADANOS SOBRE PENSIONES EMPIEZAN A QUEDAR AL DESCUBIERTO






El gran apoyo que la ciudadanía ha dado a las convocatorias por unas pensiones dignas hechas por plataformas de pensionistas y sindicatos está empezando a romper el muro de falacias y obscuridad que sobre esta materia férreamente han construido los poderes financieros a través de sus órganos mediáticos, académicos y políticos.

Una primera falacia que queda al descubierto tiene que ver con los procedimientos legislativos. El PP y Ciudadanos están apelando al consenso en un asunto como este, que descubren ahora ser “de Estado” y que no debe utilizarse como arma arrojadiza en la contienda electoral. Pues bien, la ley 23/2013, que introdujo el índice de revalorización con abandono de la referencia al IPC y ha traído el aumento este año de las pensiones un 0,25 %, así como el factor de sostenibilidad que se aplicará el 1 de enero de 2019, fue aprobada en solitario por el PP siguiendo sus arraigados hábitos de despreciar cualquier forma de consenso cuando dispone de la mayoría parlamentaria suficiente. Lo hizo aún dejando en el estado moribundo en el que está el Pacto de Toledo. Pero, además, el consenso reclamado hoy es falso porque exigen el mantenimiento  de ese índice de revalorización y del factor de sostenibilidad.

La segunda falacia tiene que ver con el respeto a la Constitución. El PP y Ciudadanos son llamados “constitucionalistas” por los medios del establishment, pero solo usan la Constitución como cachiporra para ser utilizada en la “cuestión catalana”, no cuando se trata de derechos sociales. En concreto, pasan por alto que tanto el art. 41, como el 50 de la Constitución mandan a los poderes públicos garantizar pensiones periódicamente actualizadas y suficientes ante los estados de necesidad. Suficientes, no mínimas. Ese es un mandato constitucional que no queda al capricho del Gobierno de turno y, por ello, la afirmación de M. Rajoy de subir las pensiones cuando se pueda es contraria a él. No es “cuando se pueda” sino que se tiene que poder, y para eso cualquier Gobierno tiene a su disposición no pocos medios, lo que no tiene el Sr. Rajoy es voluntad política. Es más, al defender el mantenimiento del factor de sostenibilidad se está negando a sí mismo la posibilidad de subidas futuras de la pensión, pues ese factor es un mecanismo de ajuste automático (esa es su gran virtud para sus defensores) de la cuantía inicial de la pensión  en función de distintos índices, básicamente la expectativa de vida de la cohorte de los pensionistas que llegan a la edad pensionable calculada cada cinco años, y los ingresos y gastos del Sistema, que inevitablemente traerá una rebaja, como el mismo Gobierno reconocía en el Programa Nacional de Reformas de 2014 enviado a la Comisión Europea al afirmar que gracias al factor de sostenibilidad se producirá “una minoración del gasto de largo plazo del Sistema de pensiones, estimada en 0,5 % del PIB en el horizonte del 2050”, lo que implica que cada pensionista recibirá una pensión más baja y, de ese modo, se afirma en ese documento, se neutraliza el impacto del aumento de la esperanza de vida. Es decir, se penalizará vivir más.

La tercera falacia tiene que ver, otra vez, con la herencia recibida ya que se repite el mantra de que un exceso de gastos fue lo que nos llevó a la crisis. Hay que recordar que en 2007 la Seguridad Social tenía superávit que permitía engrosar el Fondo de Reserva,   el Estado español no tenía déficit, sino también superávit, que la deuda pública era  del 35,6 % del PIB, muy inferior a la alemana (hoy con las políticas del PP está casi en el 100 %), pero había una gran deuda privada. La crisis de 2008 no empezó en España y fue producida por los excesos del capital financiero desregulado sin que nadie le haya obligado a encarar sus responsabilidades. El problema estaba en que, entonces como ahora, el sistema fiscal español es injusto, el Estado recauda poco de acuerdo con los estándares europeos y lo hace, básicamente, a través de las rentas del trabajo y del consumo (IRPF e IVA). Es regresivo en contra de lo mandado, otra vez, por la Constitución. En ese contexto no puede olvidarse que en torno al 83 % de los ingresos del Sistema de la Seguridad Social provienen de cuotas calculadas sobre los salarios de los trabajadores y, por tanto, cuando el desempleo aumenta y los salarios se devalúan, de modo inevitable se resienten sus ingresos mientras los gastos en prestaciones son ineludibles.

Esto lleva a la cuarta falacia, que tiene que ver con que solamente creando empleo se pueden subir las pensiones. Es claro que el pleno empleo, al que nuestra Constitución manda orientarse la política económica, es altamente deseable, no solo para la financiación del Sistema de la Seguridad, pero aquella afirmación esta implícitamente manteniendo que la financiación de las pensiones ha de hacerse a partir de cuotas calculadas sobre los salarios, cuando en parte alguna está establecido que necesariamente tenga que hacerse de ese modo. Esa es una trampa para meter las pensiones en la jaula de la contributividad, que consiste en distinguir entre prestaciones contributivas, que son aquellas de naturaleza dineraria que se proveen sin exigir a cambio prueba de la necesidad a la persona perceptora, y no contributivas o asistenciales, que en cambio si piden esa prueba, esto es, demostrar que no se tienen recursos personales para afrontar la situación de necesidad. Las contributivas exigen por lo general el cumplimiento previo de determinados requisitos. La jubilación, por ejemplo, exige un periodo de cotización mínimo de 15 años, cosa que no se pide para las asistenciales. La trampa viene cuando se mezcla aquella distinción con la financiación al ligar la financiación de las contributivas con las cotizaciones y la de las  las asistenciales con los impuestos generales. Pero como se acaba de decir, en parte alguna está dicho que las prestaciones contributivas, entre ellas las pensiones de jubilación, tengan que financiarse de ese modo, muy por el contrario, el art. 109 de la vigente Ley General de la Seguridad Social dice que las prestaciones contributivas se financiarán “básicamente” con cotizaciones sociales, pero deja abierta la puerta para que, si es necesario, se financien también con otros recursos, en especial con impuestos.

Lo anterior nos lleva a la sexta falacia: la de que la demografía obliga a reducir y recortar las pensiones. El razonamiento es más o menos este: Puesto que todos los  Sistemas de la Seguridad Social que merecen ese nombre ponen en práctica el esencial principio solidario a través del mecanismo financiero de reparto, es decir, los activos actuales sufragan las prestaciones de los pasivos actuales, y puesto que en el futuro (se dice 2050) habrá muchos pasivos por el alargamiento de la esperanza de vida y pocos activos por la bajada de las tasas de natalidad, a lo que hay que habría que añadir los efectos de la menor necesidad de trabajadores para producir bienes y servicios merced a la utilización de las nuevas tecnologías, la conclusión es clara: de nuevo hay que reducir las pensiones. Pero este razonamiento no es correcto porque, por una parte, las proyecciones demográficas a largo plazo no son exactas, por otra, y esto es muy importante y se mezcla con lo anterior, ese razonamiento pasa por alto que la financiación de las pensiones no solo se puede hacer con cuotas sobre salarios, sino que si con menos trabajadores se pueden producir más bienes y servicios no se ve bien porqué no se puede dedicar a las pensiones una parte del aumento del PIB que trae el progreso científico y la nueva organización de la producción. Claro es que eso exige medidas fiscales progresivas, es decir, los que más tienen deben pagar más. Debe recordarse que desde finales del siglo XX en todo el mundo, y muy acusadamente en España, se ha revertido la situación en el reparto de la riqueza total frente a la situación anterior en la que el trabajo superaba a las rentas del capital en el reparto de la renta nacional. Hoy el 54 % del PIB va a las rentas del capital y el 46 % a las del trabajo. Parece que la lucha de clases existe y por el momento la va ganando la oligarquía, como reconocía el financiero norteamericano Warrent Buffet.  Con un sistema tributario justo se puede garantizar la vida digna de los pensionistas. Pero eso, claro, no es del agrado de los patrones de Ciudadanos y del PP.

Las reformas de 2011 y, sobretodo, de 2013 traen una reducción de las pensiones para llevarlas hacia un mínimo que en algunos casos no será ni de subsistencia y, de ese modo, tratan de favorecer los fondos privados de pensiones en los que tiene puesto el ojo el capital financiero. En 1994 el Banco Mundial preconizaba construir los sistemas de protección social en base a tres pilares, uno publico, universal, obligatorio y de reparto, un segundo de capitalización con gestión privada, pero obligatorio y colectivo  ligado a la negociación colectiva y un terceo de capitalización, voluntario, individual y privado. Pero a la vista del fracaso y del drama que ese esquema trajo allí donde se aplicó (en muchos países de América Latina) el Banco Mundial hizo un poco de autocrítica y en 2004, si abjurar del todo del esquema de los tres pilares, preconizaba un reforzamiento del primero, del público y de reparto. La Comisión Europea, sin embargo, recomienda a los Estados esa vieja receta del Banco Mundial. Anima a fomentar los fondos de pensiones, a pesar de que reconoce su escasa rentabilidad y sus altos costes y pasa por alto que rompen el esquema solidario del Sistema de la Seguridad Social en una huida a la más vieja técnica de atención de las necesidades sociales: el ahorro. Ignora también que solo los más pudientes pueden ahorrar. ¿Qué va a ahorrar quien apenas puede llegar a fin de mes? Los fondos de pensiones ligados a la negociación colectiva, por otro lado, estarían dirigidos a una especie de “aristocracia obrera” de las grandes empresas. Disciplinadamente el Gobierno del PP, en el citado Programa Nacional de Reformas, reconocía paladinamente que tiene “voluntad de fomentar la previsión social voluntaria”. No es de extrañar que los medios dominantes de construcción de la opinión, cuya propiedad está en manos del capital financiero, amplifiquen esas falacias y manipulen la información, pero no parece que convenzan a los miles de personas que se ha echado a las calles estos días.

Margaret Thatcher y sus secuaces repetían de continuo el slogan “There Is Not Alternative” (TINA) a su política neoliberal y autoritaria, pero ahora se ve que en materia de pensiones y en otras muchas claramente “There Is Alternative”, hay alternativa. Volviendo a la primera falacia conviene recordar que el 5 de julio de 2017 el Grupo Parlamentario Unidos Podemos- en Marea, presentó una propuesta de ley que fue admitida por la mesa del Congreso y publicada en su Boletín de 8 de septiembre para revertir las reformas de 2011 y 2013 y modernizar el Sistema de la Seguridad Social. Esa proposición, entre otras cosas, prevé eliminar el factor de sostenibilidad y volver a la revalorización de acuerdo al IPC, pero fue vetada por el Gobierno en uso abusivo del art. 134.6 de la Constitución, demostrando su incapacidad o miedo a un debate abierto cuando no tiene mayoría absoluta. En esa proposición se articulaban mejoras de la financiación que ya mismo son posibles. Igual suerte han corrido otras proposiciones más recientes para eliminar el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad hoy cuestionados. Este desprecio del Parlamento es preocupante. No es de extrañar que la gente se movilice en la calle.


viernes, 2 de febrero de 2018

NO, LA CONSTITUCIÓN NO ES UN ADORNO

La fallida operación de colocar a Pérez de los Cobos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto, una vez más, el efecto gangrenoso que para democracia en España supone el Partido Popular. La democracia es algo más que sujeción de los poderes públicos a reglas y procedimientos, también es respeto a determinados contenidos establecidos en la Constitución, como los derechos sociales que dan vida al principio de igualdad considerado en el art. 1 como un “valor superior”.  Pero, además de todo ello, implica asumir una cultura, más allá de las leyes, que supone la aceptación de ciertos límites en el comportamiento personal y colectivo. Esa cultura, al estar integrada, aún con mayores o menores deficiencias, en las sociedades allende los Pirineos (con la excepción de ciertos países del este europeo, como Polonia o Hungría) es la que ha hecho imposible que quien es visto como vocero del Gobierno ocupe una plaza de juez en el TEDH.

Decían los clásicos que aquel país que no tiene separación de poderes ni tabla de derechos fundamentales no tiene constitución. Pues bien, ¿qué pasa con nuestra constitución cuando el Gobierno manipula con éxito para colocar en los puestos claves de la judicatura a personas de su confianza ideológica saltándose el criterio de mérito y capacidad tan pregonado por el propio texto constitucional? ¿Qué pasa cuando después judicializa asuntos que deberían resolverse por vías de negociación política abierta? No se trata solo de Cataluña, sino que se está acosando en la jurisdicción a instituciones regidas por grupos de signo progresista, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, sometido a un constante bombardeo de pleitos en los tribunales para tratar de invisibilizar, obstaculizar o impedir su ejemplar y honrada gestión y su lucha contra la corrupción.  

¿Qué pasa cuando el Gobierno (con la aquiescencia de Ciudadanos)  bloquea al Parlamento e impide que cumpla con su función legislativa? Este Gobierno, ha vetado, haciendo un uso torticero del art. 134.6 CE, más de 40 proyectos de leyes en el último año. Algo insólito en democracia.

¿Qué pasa con los derechos, sobre todo con los sociales? Ahí seguimos, por poner solo algunos ejemplos, con la ley mordaza, el control de los medios de formación de la opinión, el código penal que criminaliza la huelga, la reforma laboral y de Seguridad Social, los recortes en sanidad y educación, las privatizaciones, el formidable y corrupto entramado empresarial y del PP. Todo ello que ha traído una brutal merma de derechos, un achicamiento de los espacios de libertad y un aumento brutal de la desigualdad. A pesar de todo esto, los políticos del PP y sus huestes mediáticas se incluyen a sí mismos en un selecto club de “constitucionalistas”.

No, Felipe VI, la constitución no es un adorno, es algo mucho más, pero sobretodo no es una cachiporra con la que golpear a todos aquellos que son adversarios políticos. La unidad de España no solo es un asunto territorial, sino que depende de tener una sociedad cohesionada por el respeto por todos, pero ante todo por los poderes públicos, a reglas, procedimientos y los valores superiores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político, y por la efectividad de los derechos sociales que hace tenga sentido el valor de la igualdad. Por vivir con una cultura cívica, hoy en franca regresión, alejada de la cuartelera franquista instalada en no pocas covachuelas gubernamentales que no conoce límites.