domingo, 20 de agosto de 2017

Manifiesto contra la independencia de Cataluña

   NO a la independencia, NO a la secesión de Catalunya
    NO al 1-O, que carece de garantías democráticas
POR los intereses y reivindicaciones del mundo del trabajo


Las personas firmantes de este manifiesto hacemos un llamamiento a la sociedad catalana desde el mundo del trabajo de Catalunya  ante la situación a la que nos han llevado las políticas del Gobierno de España y del Govern de Catalunya  con políticas que se alimentan mutuamente y que han desplazado del eje del debate social los problemas fundamentales de las condiciones de trabajo y de vida, de las formas de desarrollo económico y social necesarias para garantizar el progreso presente y futuro.

La independencia de Catalunya debilitaría gravemente la cohesión y la fuerza de la clase trabajadora en un momento histórico decisivo, con los desafíos de fondo de cómo revertir y superar los impactos brutales de la crisis, de las reformas laborales, de la desigualdad social cada vez más aguda, de la hegemonía de un capitalismo improductivo y especulativo, de la amenaza estructural sobre el Estado de Bienestar. Crearía una situación en Catalunya que podría comprometer la integración social actual, conseguida a lo largo de muchos años y de muchas luchas desarrolladas conjuntamente y podría crear graves problemas a la relación de Catalunya con el resto de España.


Comprometería también el desafío de culminar el proyecto histórico de Unión Europea con la Europa Social, Solidaria y Federal, de enfrentar los retos formidables de los procesos en curso de robotización y digitalización con garantías de éxito para el Trabajo y la Cohesión Social. Debilitaría la lucha necesaria para reconducir el debate y la acción sindical y sociopolítica al terreno de los problemas reales y apremiantes para millones de ciudadanos y ciudadanas especialmente golpeados por la crisis y por la gestión de la misma por los sectores políticos y sociales dominantes: el desempleo, la precariedad y los salarios de pobreza, la corrupción y la evasión fiscal, el deterioro de servicios y bienes sociales imprescindibles como la vivienda, la educación, la sanidad, la dependencia, la crisis alimentaria y energética, … Sólo planteando la respuesta a esta problemática desde los intereses y reivindicaciones de la clase trabajadora podremos abordar adecuadamente el necesario proyecto de futuro español de convivencia.

Este pronunciamiento lo hacemos profundamente convencidos de los estrechos lazos de clase trabajadora de Catalunya con la del conjunto de España, lazos que resultan tanto de la propia composición de la primera, con migraciones desde el conjunto del Estado, como de la historia común en la que, por remitirnos sólo al último siglo, hemos luchado juntos en defensa de la República frente al golpe fascista del 18 de julio de 1936, por las libertades contra la dictadura franquista, por la construcción de la democracia y la dignidad del trabajo en fábricas, talleres y oficinas, en la industria, los servicios y el campo.

La identidad de clase así construida frente a la política de la derecha española aliada con la derecha nacionalista catalana, nos posibilita y exige hacer frente a proyectos identitarios de división. Sabemos, además, porque lo hemos experimentado demasiadas veces, cómo la división nos debilita y preside nuestras derrotas de clase.

Estamos convencidos  de que es preciso actualizar nuestro ordenamiento jurídico y acometer reformas estructurales, territoriales y de distribución de competencias que satisfagan las aspiraciones y deseos legítimos de la ciudadanía y de que, para salir de la actual confusión, es necesaria una consulta a la ciudadanía catalana para que se exprese con claridad la voluntad del pueblo de Catalunya sobre su relación con España. Una consulta consensuada en su convocatoria y con plenas garantías democráticas en su realización. En esta consulta nos pronunciaremos inequívocamente contra la secesión, por proseguir juntos las próximas batallas por un proyecto común de progreso de todos los ciudadanos españoles, integradas en la más global por una Europa y un mundo sostenibles. Es éste un escenario en el que la fragmentación de España sólo nos debilitaría.

Consideramos que un efectivo proceso democrático exige la más amplia participación previa en los términos de la consulta, así como en la negociación de las consecuencias sociales, políticas y eventualmente legislativas de su resultado, evitando toda tentación de unilateralidad. Una negociación en la que consideramos necesario que se exprese de nuevo la unidad y solidaridad de la clase trabajadora del conjunto de España.


Por todo ello nuestro pronunciamiento para desbloquear la crisis política provocada en Catalunya va acompañado de la convicción de que hay que volver a situar, en el eje de la acción social y política, propuestas de acción colectiva para acabar con políticas que amparan la corrupción en Catalunya y en toda España, para la profundización de los derechos civiles, para la dignidad del trabajo, y, en la inmediatez, para que la salida de la crisis sea verdad para toda la ciudadanía. Para avanzar en conquistas sociales y democráticas.


domingo, 13 de agosto de 2017

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE EULEN DEL AEROPUERTO DEL PRAT

Es una constante que cuando los trabajadores recurren a la huelga se ponga en marcha toda una batería de ataques para inutilizarla, empezando por el bombardeo mediático que trata de enfrentar a los huelguistas con la ciudadanía que sufre algunas de las consecuencias de la acción, muy en especial cuando se trata de sectores del transporte en tiempos de vacaciones. El origen del conflicto de los trabajadores de los arcos de seguridad del aeropuerto del Prat, en Barcelona, está en la decisión más que controvertida de la empresa pública que gestiona los aeropuertos, AENA (cuyo 49 por ciento del capital está en manos privadas), de privatizar muchos servicios de los aeropuertos mediante contratas con pliegos de condiciones con costes a la baja. La consecuencia es clara: la precariedad de los trabajadores que prestan estos servicios. Para una información más detallada es ver https://baylos.blogspot.com.es/2017/08/la-huelga-de-vigilantes-en-el.html

Los intentos del Ministerio de Fomento de imponer unos servicios mínimos del 90 por ciento y la sustitución de huelguistas por la Guardia Civil con la excusa de la amenaza terrorista son contrarios al art. 28 de la Constitución. El 90 por ciento significa negar directamente el derecho de huelga que debe cohonestarse con el derecho de los ciudadanos al transporte. ¿Retrasar dos horas las operaciones de control aeroportuario, como parece es lo que está sucediendo, merece cercenar radicalmente el derecho de huelga? ¿Dónde está la proporcionalidad? Y si hay amenaza terrorista ¿porqué no está haciendo esos controles de forma habitual la Guardia Civil, que es a quien compete la seguridad de los aeropuertos?.

En la tarde el domingo 13 de agosto los trabajadores han rechazado en votación, por amplio margen, no aceptar la oferta de la empresa y, en consecuencia, ir a la huelga indefinida. Es el momento de la declaración de huelgas de solidaridad pues los intereses de otros trabajadores de otras contratas del aeropuerto del Prat y de otros aeropuertos también están afectados y va a ser muy difícil que los trabajadores de los arcos de seguridad solos puedan aguantar la embestida que les viene encima. 


miércoles, 9 de agosto de 2017

LA LEGALIZACÓN DE LA EUTANASIA ES UNA IMPERIOSA NECESIDAD

Esperanza Aguirre ha acumulado grandes merecimientos para entrar en el Libro Universal de la Infamia, pero en compañía del que fuera su Consejero de Sanidad, Manuel Lamela, tiene uno especialmente relevante cual fue  la serie de infamias que lanzaron, denuncia penal incluida, contra el Dr. Luís Montes y algunas otras personas de su equipo por supuestas sedaciones irregulares a enfermos terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. A partir de una denuncia anónima actuaron según el manual al uso del PP para desacreditar a alguien. Primero se filtran informaciones interesadas a los reptiles de la prensa amiga (casi toda), después se genera de forma artificial y orquestada una “alarma social” y finalmente se interpone la querella criminal. Hay que recordar que por el año 2005 la bancada en el Congreso del Partido Popular, con facundia cuartelera franquista propia de sargentos envinados, hacía chascarrillos sobre tan dramático tema que minaba la honorabilidad de una persona integra y respetada como el citado Dr. Montes, entre otros. Los tribunales acabaron sentenciando que no hubo delito alguno a pesar de lo cual la sra. Aguirre no cesó de lanzar insinuaciones denigratorias contra el equipo sanitario de urgencias del Severo Ochoa. Lamela acabó su carrera política saltando a una empresa que gestiona hospitales privatizados.

Todo ese montaje, que se vino abajo tras años de calvario judicial, no solo iba dirigido contra un grupo de personal sanitario al que consideraban contestatario de la política privatizadora de la sanidad madrileña, sino que era un aviso para navegantes dirigido a aquellos médicos y enfermeros que tienen la penosa tarea de enfrentarse, cada vez más, con situaciones de enfermos terminales cuyo sufrimiento y el de sus familiares puede durar mucho tiempo. Una especie de intimidación para que no caigan en la piedad de acabar con ese sufrimiento tan valorado por algunos católicos. El tremendo dolor de estas situaciones es desdeñado por señeras almas encanallecidas.

Izquierda Unida presentó una proposición de ley la primavera pasada para regular la eutanasia, algo que es sentido como una necesidad por una amplia mayoría de la sociedad española, pero el PP, guardián de una rancia ortodoxia del sufrimiento (pero no cuando les toca  a ellos) como camino de salvación, impidió su tramitación. Lo curioso es que la alegre muchachada de Ciudadanos, tan modernos ellos, se sumó a la defensa de las esencias de la tradición, pero, claro, para distinguirse un poquito proponían a cambio los cuidados paliativos. Vaya cosa, para ese viaje no hacen falta alforjas. Ya está bien: La regulación de la eutanasia es una urgencia porque es necesario acabar con la imposición de una crueldad sobre aquellas personas que ya no quieren seguir sufriendo una vida que las hunde , ahora si, “en un valle de lagrimas”.