domingo, 4 de septiembre de 2011

NI POR LA FORMA NI POR LOS CONTENIDOS. NO A ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN


La democracia, es de sobra conocido, implica que el ejercicio del poder debe de someterse al respeto de ciertas formas establecidas en la Constitución . Esto es una exigencia primaria y necesaria que se resume en la fórmula de estado de derecho. Pero la experiencia de los años 30 del siglo XX en que los regímenes nazis y fascistas utilizaron los mecanismos del estado de derecho para masacrar la democracia llevó a que en las constituciones posteriores a la segunda guerra mundial se estableciera la necesaria vinculación del entero ordenamiento jurídico y de la acción de los poderes públicos a los principios superiores de justicia, libertad, igualdad, a los que nuestra constitución añadió el pluralismo político. Esas constituciones, y también la nuestra, fueron fruto de amplio consenso social y el constituyente no es otro que el pueblo en el reside la soberanía.

Ayer, sin embargo, los ciudadanos españoles y de todo el mundo pudieron asistir atónitos al espectáculo de unos representantes de la soberanía popular que emulando a los magníficos velocistas jamaicanos han consumado el primer acto de una reforma constitucional de la que nadie sabía nada apenas diez días atrás. Acabó con los representantes del PSOE cariacontecidos y silenciosos mientras los del PP aplaudían tan contentos. Muy significativo. Si esta reforma llega a consumarse en el Senado, como es probable, se habrá constitucionalizado la prohibición del déficit público de manera taxativa, desligado de otras consideraciones de política social o económica y de ese modo se limitará profundamente la capacidad de maniobra del Estado español para llevar a cabo en determinados momentos, según las circunstancias históricas lo demanden, las transformaciones sociales que permitan corregir desequilibrios tanto territoriales como entre los diversos grupos sociales, es decir, avanzar en el camino de la igualdad que es la esencia del Estado Social. El Estado Social, y por tanto las clases menos favorecidas de la sociedad, serán los que sufran las consecuencias de esta reforma. Lo serán porque esta modificación se produce en un momento en que se está propugnado la jibarización del Estado y, en consecuencia, se propugna una política impositiva regresiva. Como ya enseñaba el sr. Perogrullo el déficit se produce por un desequilibrio entre ingresos y gastos, pero si no se apuesta por una política tributaria redistributiva, entonces la contención del déficit solo puede venir por la reducción de los gastos sociales. Ya se está viendo de modo claro lo que pasa en las Comunidades Autónomas en las que gobierna la derecha, empezando Cataluña y siguiendo por Castilla-La Mancha.

Un cambio constitucional de esta naturaleza exigiría un amplio debate social porque los parlamentarios no son los titulares de la soberanía, que hay que recordar es el pueblo, por lo tanto no deberían ser ellos los llamados a una modificación tan grave del pacto social fundante de nuestra convivencia. Mucho más cuando se hecho en pleno periodo vacacional a espaldas de la ciudadanía. El truco de reformar el art. 135 para evitar el referéndum no es más que eso, un truco porque, como se acaba de decir, con esta reforma se compromete el art. 1.1 CE, lo que, de acuerdo con el el art. 168 CE exige la convocatoria de un referéndum para ratificarla.

Se ha dicho que esta modificación se ha emprendido para dar confianza a los especuladores (los mercados). Pero no parece que los partidos mayoritarios hayan tomado nota de que ese mismo argumento lo han usado para la reforma laboral o para la reforma de la Seguridad Social y no ha servido. Cuando se cae en la sumisión a los especuladores, estos nunca se darán por satisfechos, siempre querrán más.

Tampoco es una exigencia del art. 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni del protocolo sobre los déficits excesivos. De hecho el valor de referencia del 3 por ciento de déficit marcado en este último texto ha sido ampliamente superado por Alemania y Francia cuando les ha sido conveniente. El problema del déficit debe encuadrarse en el nivel infraconstitucional en el marco de la integración política, social y económica europea. Al llevarlo al la constitución se está atentando, no solo contra el Estado Social, sino contra el pluralismo político pues limita de modo extraordinario la puesta en prácticas de otras políticas económicas que no sean neoliberales. Esta reforma es, además, innecesaria porque ya el art. 40 CE impone la estabilidad económica pero compaginándola con la promoción del progreso social y económico y con una “distribución de la renta regional y personal más equitativa”.

El problema, como ha señalado el diputado Antonio Gutierrez de forma lúcida, está en la dimensión europea, no en la nacional. Es evidente que sin una fuerte unión política y económica es muy difícil que funcione la moneda única, sino es pagando precios durísimos como los que estamos pagando todos los países europeos, aunque unos más y otros menos, pero ahora ya Alemania tiene un crecimiento cero y sus clases trabajadoras han visto reducida su capacidad de consumo mientras que las acomodadas han aumentado sus beneficios. Una medida de este tipo, tomada del modo apresurado como se ha hecho e inspirada por una representante de la derecha alemana como la sra. Merkel, tendrá consecuencias a medio y largo plazo para la construcción, no solo de la Europa social, sino simplemente de Europa. El socialista italiano Guiliano Amato en una entrevista con Rossana Rossanda señala una que puede ser de suma importancia cual es que en el caso de que se decidiese la creación de los eurobonos, al estar incluida en la constitución alemana la cláusula de estabilidad podría plantearse la cuestión al tribunal constitucional de aquel país (que ya ha suscitado problemas con la normativa europea) sobre la base de que con dichos bonos se estaría asumiendo la garantía de los débitos de otros, atribuyendo un débito futuro a cargo del presupuesto alemán desequilibrándolo, lo que sería inconstitucional. Otra trampa jurídica.

En resumen, ni por el contenido, ni por la forma, ni por la oportunidad está reforma constitucional no debería llevarse a cabo, pero al menos ¿no habrá un diez por ciento de diputados o senadores que pida un referéndum en aplicación del art. 167.3 CE? A ellos apelamos. Si no existieren se habrá ampliado el alejamiento ya preocupante entre los representantes políticos y l@s comunes ciudadan@s.


Joaquín Aparicio Tovar

sábado, 3 de septiembre de 2011

CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL. POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM

La reforma de la Constitución que impulsan PSOE y PP para impedir el déficit público implica la aceptación por el sistema político del control ideológico y material de la acción de gobierno por el capital financiero organizado a escala global. Es una exigencia inconsistente con un nivel muy razonable de endeudamiento público, causado precisamente por el soporte financiero a la banca en crisis.

Como medida de política económica europea, se trata de una decisión desvinculada de otras medidas económicas en el espacio europeo mucho más significativas, como la reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos y tantas otras modificaciones imprescindibles para configurar una verdadera política económica y fiscal común.

Una medida que sigue colocando en segundo lugar, lo que debe ser la prioridad entre las prioridades, el empleo, y para crear empleo, es fundamental la generación de actividad económica.

La prohibición, de otra parte, del déficit público coloca a España en una situación de desigualdad permanente en un equilibrio asimétrico de la llamada “gobernanza” europea. Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del estado social en momentos en los que su financiación es insuficiente, pueden requerir endeudamiento, y por tanto, que exista déficit en los años en los que dure la amortización de la deuda emitida para financiar estas inversiones sociales, lo que podrán hacer otros países europeos pero no el nuestro.

La limitación constitucional del déficit público está por tanto directamente relacionada con la cláusula social del art. 1.1 de la Constitución española, y esta a su vez con el art. 9.2 del mismo texto constitucional que obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a los ciudadanos de un país. Al establecer de forma general y absoluta una prohibición para todos los organismos y administraciones del Estado de endeudarse en un porcentaje determinado del PIB que fijará una ley orgánica, está condenando a la inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social. Con ello se está impidiendo en la práctica la satisfacción eficaz de muchos derechos sociales reconocidos en la constitución para que se materialicen en la acción pública ante la imposibilidad de utilizar recursos presupuestarios públicos para poner en práctica actuaciones de nivelación social constitucionalmente garantizadas. Por ello el techo constitucional al déficit público no es un a “regla técnica” sino una declaración política e ideológica que incide fuertemente en la función del Estado social, porque niega a los poderes públicos uno de los mecanismos importantes para encarar en un momento histórico determinado compromisos sociales que se han reconocido como derechos y que requieren de la actividad prestacional del Estado y de las Comunidades Autónomas para su materialización efectiva

Pero además de atentar contra la cláusula constitucional del Estado social, la forma en la que se quiere adoptar esta modificación implica una actitud inequívocamente antidemocrática, que rompe el pacto constituyente que dio origen a nuestra constitución y busca expresamente que no se pueda producir la participación popular a través de un referéndum. El procedimiento de aprobación previsto persigue explícitamente que no haya ningún debate público sobre el contenido y las consecuencias de la misma. Eso implica que un cambio en la Constitución de una nación se pueda realizar en vacaciones, sin que los ciudadanos puedan ni siquiera reaccionar ante una modificación extremadamente importante de las condiciones de su convivencia social, y sin que desde luego éstos puedan participar mediante su voto en la aceptación o el rechazo de tal medida. Es una reforma que sofoca la democracia y desconfía claramente del fundamento democrático y popular que sostiene el andamiaje de nuestra Constitución.

Por tanto, los firmantes de este manifiesto expresamos públicamente nuestro rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española, y pedimos a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y exigimos firmemente que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.

Septiembre de 2011.

viernes, 2 de septiembre de 2011

EN CONTRA DE ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Ante el anuncio de la reforma de la Constitución que se ha producido sorpresivamente en estos días, JUECES PARA LA DEMOCRACIA quiere manifestar públicamente su rechazo a la precipitada alteración de nuestra norma básica de convivencia.












Los textos constitucionales no son simples leyes que configuren opciones económicas coyunturales. Son el fundamento y motivo de la conformación de un grupo humano como sociedad democrática en la que es la ciudadanía la que se dota de unas normas de juego básicas rectoras de la vida en común y dentro de las que deben pugnar las distintas propuestas y opciones políticas. Por ello, es fundamental que sean producto del consenso ciudadano. Su función no es sólo regular aspectos concretos de la organización política o económica, sino fundamentar esa propia organización, ser la fuente y el límite de futuras decisiones. Los partidos políticos son instituciones políticas fundamentales de representación democrática, pero no pueden pretender suplantar la totalidad de la participación social. Los debates públicos en los que participan múltiples agentes sociales, son los que permiten construir consensos y hablar de ciudadanía y no de súbditos. Los debates de calado precisan de tiempo para escuchar las voces diversas, sopesar sus aportaciones y decidir de una forma libre y consciente. Se ha propuesto una reforma por sorpresa, en período estival y de forma precipitada, marcando plazos imposibles y con negociaciones opacas sólo participadas por las cúpulas de dos partidos. Esos dos partidos ostentan legitimidad democrática para lo que han resultado elegidos, pero no pueden arrogarse la totalidad de la voluntad de quienes votaron. Representar no es sustituir completamente la voluntad de quien es representado. Estas formas han impedido que conozcamos los motivos concretos de la reforma, el texto completo de la misma con tiempo para su análisis, y las opciones alternativas que se pudieran presentar. Ni siquiera se ha respetado a las Cortes Generales como lugar de debate, imponiendo a las mismas el voto disciplinado a ciegas de las opciones. El debate en las cámaras no tiene sólo la función de convencer a los grupos parlamentarios, permite que la totalidad de la sociedad contemple los argumentos que cada opción presenta. Cuando el debate es una mera verificación de lo preacordado, a espaldas de las propias organizaciones políticas, por algunas personas de la dirección de cada partido, se vacía peligrosamente de contenido la función democrática de las Cámaras. La democracia debe reconquistar la economía, la política debe reocupar sus espacios en las decisiones económicas. Cuando hace unos años estalló la actual crisis financiera, muchas voces autorizadas hablaron de la necesidad de revisar las decisiones de desregulación económica y liberalización de unos mercados instalados en la impunidad del derroche y la ganancia privada desmedida. Tras entregar grandes recursos públicos en rescate de instituciones privadas, la desmemoria se ha instalado a sorprendente velocidad. Las decisiones económicas aparecen nuevamente abocadas a un discurso de necesidad indiscutible. Nos cuentan, de nuevo, que los Mercados exigen reformas que la población no puede discutir, que requieren sacrificios que no pueden cuestionarse. Decidir qué hacemos con las políticas presupuestarias, fiscales o económicas en general, permite múltiples respuestas. Pero lo propuesto no es una política económica a votar por la ciudadanía, sino elevar una determinada opción económica de corte neoliberal a definidora de nuestro marco permanente de convivencia. Se pretende expulsar y marginar a legítimas opciones económicas del campo de juego, no por explicar los motivos contrarios a ellas, sino para contentar exigencias mercantiles de quienes siguen apostando por campar a sus anchas en un descontrolado mercado de ganancias ciegas e injusticias bien visibles. En consecuencia, JpD rechaza que se banalice el valor y significado de la Constitución, que se juegue con ella a espaldas de la ciudadanía suplantando a los propios representantes políticos, y se nos pretenda imponer como única opción posible una determinada orientación de política económica. Todo ello, con el objetivo último de contentar los intereses concretos de quienes se esconden detrás de los supuestos Mercados.












El Secretariado, Madrid, a 29 de agosto de 2011